Reactivan investigación sobre Edmond Mulet y red de adopciones ilegales

Una investigación revela nuevos detalles del caso judicial por tráfico de menores al que se enfrentó el candidato presidencial Humanista Edmond Mulet.

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Los problemas judiciales de Mulet comenzaron en noviembre de 1981 cuando agentes policiales del cuerpo de detectives arrestaron en el hotel Camino Real a cuatro mujeres canadienses que se preparaban a regresar a su país con cinco menores. Poco después, Edmond Mulet y las madres de los menores fueron también detenidos.
En ese entonces, la ley permitía las adopciones internacionales. Sin embargo los investigadores policiales encontraron evidencias que el proceso de adopción no se había hecho según las normas establecidas.
Por ejemplo, los niños que llevaban las canadienses no viajarían cómo adoptados por parejas, sino como turistas que visitarían Canadá con la autorización de sus padres guatemaltecos.
Mulet se vio en dificultades para explicar el envío de los niños al extranjero. A los policías que lo interrogaron les indicó que toda la papelería estaba en regla puesto que las leyes permitían la adopción, y que ni los juzgados de familia ni el Ministerio Público tenían que ver con el destino de los menores. En realidad, estas instituciones eran las encargadas de velar por la legalidad de los procesos y formaban parte de una débil cadena de protección infantil.
En cambio, al juez que lo interrogó, lejos de reconocerle que se trataba de una adopción, como había hecho con los policías, Mulet se lo negó: dijo que sólo estaba dando fe de la voluntad de los pares. Su función, indicó, había sido únicamente autorizar, como notario, escrituras públicas de consentimiento a la adopción.
Mulet aseguró que existía la posibilidad de enviar a los niños al extranjero en un primer tiempo, para después formalizar las adopciones en Guatemala, que era común y avalado en la época.
Esta posibilidad ha sido rechazada por fiscales, abogados y jueces de familia entrevistados para la investigación y algunos incluso aseguran que nunca antes habían visto un procedimiento semejante.
Documentos de la Secretaría de Bienestar Socialatestiguan que incluso cuando empleaba métodos más laxos, Mulet solía abandonar los procesos a medias y los niños quedaban en un limbo legal, algunos incluso durante 17 años.

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